BARCELONA —
Cinco años después que Neymar puso fin a una tumultosa etapa en el Barcelona, el delantero brasileño será juzgado en España para determinar si el astro y otros cometieron un fraude en su fichaje con el club catalán procedente del Santos en 2013.
En el juicio Neymar, su padres y antiguos dirigentes de tanto el Barcelona como el club brasileño afrontan cargos de fraude y competencia desleal. Se les acusa de esconder el verdadero costo del traspaso con el fin de no pagarle el monto de dinero que DIS, el grupo privado brasileño, reclama por ser propietario del 40% de los derechos federativos del jugador.
DIS pide que Neymar, su padre con el mismo nombre y que ejerce como su agente, y los ex ejecutivos azulgranas Sandro Rosell y Josep Bartomeu reciban condenas de cinco años de cárcel. Todos los acusados niegan haber cometido delitos.
El juicio debe prolongarse hasta fines de octubre, con el Mundial de Qatar previsto a arrancar el 20 de noviembre en Qatar. Neymar tendrá que comparecer a las audiencias a menos que el juez le otorgue permiso para ausentarse.

Los abogados de los demandantes argumentan que DIS apenas recibió el monto que le correspondía, de 17 millones de euros (16,5 millones de dólares), luego que el Barcelona y Santos anunciaron inicialmente el traspaso entre los clubes. El costo real oscilaba en los 82 millones de euros (79,7 millones de dólares). Al final, un juez investigador en España dictaminó que el costo real fue de al menos 83,3 millones de euros (81 millones de dólares).
“El jugador Neymar, con la complicidad de sus padres, y del Barcelona y sus directivos en ese momento, y del Santos en una fecha posterior, defraudó los legítimos intereses económicos del DIS, estafando no solo a la empresa sino violando la confianza que habíamos depositado en él”, dijo Paulo M. Nasser, abogado de DIS.
“El punto más importante de esta conversación es precisamente resaltar el hecho de que en Brasil no existe el delito de corrupción privada o corrupción entre particulares. Por lo tanto, ni Neymar Jr. ni sus familiares podrían ser procesados en nuestro país por esta acusación de que ocurre en España”, alegó João Gameiro, letrado y maestro en derecho penal de la Universidad de São Paulo (USP).
Pero el caso se puede llevar con normalidad en España, donde la legislación del país ibérico prevé dos años de prisión e inhabilitación profesional, además de una multa. DIS insiste con el reclamo por 25 millones de euros en concepto por daños para cubrir su pérdida.

De esta forma, si el astro brasilero es condenado a la pena máxima, se perdería el Mundial de Qatar 2022, previsto para el 20 de noviembre, o incluso tendría que volver a Brasil, por la prohibición de jugar en Europa.
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